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La oposición confirma que no debatirá sobre los candidatos propuestos por CFK a la Corte,
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Senado el pliego de dos candidatos a ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y ordenó el retiro de la postulación de Roberto Carlés, quien había sido propuesto para reemplazar a Eugenio Raúl Zaffaroni, pero que no encontró apoyo en el recinto.
Los elegidos fueron Eugenio Carlos Sarrabayrouse y Domingo Juan Sesín. El primero, es integrante de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital y fue designado en ese cargo por Cristina Kirchner en 2013. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En tanto, Sesín es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Fue designado en el máximo tribunal cordobés en 1995, durante la gestión como gobernador del radical Ramón Mestre. 
En un mensaje leído por el ministro de Justicia, Julio Alak, la mandataria –quien dejará su cargo el próximo 10 de diciembre- cuestionó a la oposición de tener una "actitud autoritaria y antirepublicana" por negarse a tratar el pliego de Carlés y dijo que la presentación de dos nuevos candidatos responde a la necesidad de "garantizar el normal desempeño" del máximo tribunal, tras lo cual pidió que ese proceso "no quede sometido a los avatares del proceso electoral" en curso.
La crítica de la mandataria surgió porque en noviembre de 2014, veintiocho senadores de la oposición (UCR, PRO, Peronismo Federal y FAP-UNEN) firmaron un acta en la que se comprometieron a rechazar sistemáticamente cualquier otra propuesta enviada por Cristina Fernández para cubrir vacancias en la Corte Suprema.
Una de las tantas polémicas en este punto surge porque Carlos Fayt ya presentó su renuncia al cargo, pero esta se hará efectiva a partir del 11 de diciembre. Es decir, el nonagenario magistrado dejará el lugar que ocupa desde 1983 cuando esté en ejercicio otro jefe de Estado (ya sea, Daniel Scioli o Mauricio Macri).
A su vez, cualquiera sea el nuevo mandatario, este podrá “anular” los pliegos enviados por Fernández de Kichner para ser tratados por el Senado y proponer otros.
De hecho, desde el círculo cercano del gobernador bonaerense remarcaron que ya tendría los nombres para ese cargo si resulta electo: la puntana Liliana Negre de Alonso, cercana a Adolfo Rodríguez, el radical Ricardo Gil Lavedra (quien contaría con el apoyo de su partido) y el senador pampeano Miguel Piccheto.
La Corte funciona actualmente con cuatro integrantes, cuando la ley indica que deben ser cinco.
La presentación de estos nuevos nombres cosechó el rechazo inmediato de parte de representantes de la oposición. El titular de la UCR, Ernesto Sanz -quien fue mencionado por Mauricio Macri como futuro ministro de Justicia si él llega a la presidencia- aclaró que esas postulaciones no serán tenidas en cuenta en la Cámara alta, y descartó que uno de los nombres mencionados (Juan Sesín) tuviera alguna relación con el radicalismo.
En ese aspecto, sostuvo que Cristina Kirchner no tendría legitimidad para impulsar estos nombramientos porque “ya está por dejar el poder” y además la vacancia por la renuncia del juez Carlos Fayt ocurrirá cuando haya otro presidente en el cargo.
“El nuevo presidente va a analizar estas propuestas, y seguramente hará su propia propuesta para obtener el consenso de las dos terceras partes del Senado. Nosotros queremos jueces de la ley y no jueces del poder”, completó el actual diputado y futuro senador Federico Pinedo.
No hay cupo femenino
Muchas críticas surgieron porque no se postularon mujeres al cargo. La Constitución Nacional, que es la que determina los requisitos para ser juez del máximo tribunal, así como también el modo de su elección, en ningún momento establece la necesidad de cubrir una cierta cantidad de vacantes con miembros de uno u otro sexo.
Por su parte la ley 24.012 (denominada sobre el cupo femenino), si bien dispone que las listas de candidatos a ocupar cargos públicos nacionales deben tener al menos un 30% de mujeres, ni siquiera contempla a qué cargos se refiere. Luego su decreto reglamentario dispuso que el cupo femenino sólo es aplicable en las elecciones de diputados y senadores nacionales, así como también de convencionales constituyentes.
Hasta el fallecimiento de Carmen Argibay en 2014, estaba integrada por dos mujeres sobre siete miembros que eran en total, lo cual significaba un 30% de composición femenina.
Los expertos remarcan que el presidente de la nación realiza un acto discrecional y puede escoger entre cualquier abogado de treinta años de edad en adelante, que sea argentino nativo o nacionalizado con seis años de ciudadanía, y que tenga la idoneidad necesaria para ocupar semejante cargo público.
Cómo se elige un juez de la Corte
En 2006 se sancionó la Ley 26.183 que estableció cinco magistrados en la Corte Suprema, en momentos en que poseía siete. A partir de allí, se detuvo el proceso de designación y se dispuso un mecanismo de reducción paulatina.
El año pasado comenzó con los siete miembros, pero las muertes de Carmen Argibay y Enrique Petracchi -más la renuncia de Eugenio Zaffaroni, que dejó el cargo por llegar a los 75 años, el tope que marca la Constitución Nacional-, provocó  que el máximo tribunal cuente con sólo cuatro integrantes. A partir del próximo 11 de diciembre, Carlos Fayt dejará de integrar el máximo tribunal, por lo que –en total- habrá dos vacantes.
Según el inciso 4 del artículo 99 de la Carta Magna, el Presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en una sesión convocada a tal efecto.
A través del decreto 222/03, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, el Poder Ejecutivo se fijó autolimitaciones a su atribución para la selección y designación de nuevos magistrados.
En dicha norma, ordenó la publicidad de los antecedentes de los candidatos, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.
Asimismo, dichos candidatos deberán presentar una declaración jurada del patrimonio propio, del de su cónyuge y también de sus hijos. Además, deberán informar sobre las asociaciones civiles y sociedades comerciales, estudios de abogados que integran o integraron durante los últimos ocho años.
Con estos datos publicados por un lapso de quince días, los ciudadanos en general -legitimación amplia-, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas o de derechos humanos pueden presentar por escrito -fundado y documentado- todo tipo de observaciones y circunstancias de interés respecto de los postulantes incluidos en el proceso de selección.
Luego, lo analiza la Comisión de Acuerdos del Senado. Una vez obtenido el visto bueno de la postulación, el recinto debe darle su aval con los dos tercios de los miembros presentes. La cámara alta cuenta con 72 integrantes, por lo que si concurren todos, el oficialismo tendría que reunir 48 voluntades. En la actualidad, cuenta con 40 legisladores (entre propios y aliados) y luego del 10 de diciembre tendrá 42. 
Desde entonces, y bajo este mecanismo, fueron elegidos Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.

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