Remarcan que la batalla judicial por la intervención de la A

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Remarcan que la batalla judicial por la intervención de la AFSCA será larga y terminará definiendo la Corte Suprema,
La validez del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri para intervenir los dos organismos vinculados a las comunicaciones será definida por la Justicia. La lucha promete ser larga y será finalmente la Corte Suprema quien decida sobre la constitucionalidad de la medida.
El decreto 236/15, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial, interviene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y se sacan de sus funciones a todos los directores de ambos organismos que regulan, respectivamente, los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones.
La decisión, de acuerdo al Gobierno, se tomó por la "rebeldía" de las autoridades de ambos organismos. "No responden a las nuevas políticas ni a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios", señaló el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Pero la AFSCA, a cargo de Martín Sabbatella, quien tiene mandato legal hasta 2017, presentó dos acciones judiciales: un habeas corpus y un recurso de amparo con medida cautelar. 
La primera fue interpuesta ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción n. 39 de la Ciudad de Buenos Aires. En ella se solicitó que se dicte un habeas corpus que disponga la libertad individual y ambulatoria del presidente del organismo.
En dicha presentación, Sabbatella también “el inmediato cese de todo acto turbatorio del normal funcionamiento de AFSCA y el resguardo de los empleados y funcionarios del organismo”.
La segunda fue un amparo que tras el sorteo pertinente deberá ser definido por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo n. 8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, para que se declare la nulidad del decreto 236/15.
Sabbatella promete ir a fondo con la presentación para mantenerse en su cargo. "Hay un decreto que creemos que no tiene validez, este es un ente autárquico que no está sujeto a este tipo de decisiones, que significa un tremendo atropello", resumió el titular del AFSCA. "Las leyes son muy claras, no pueden quitarle atribuciones ni al AFSCA ni al AFTIC de esta forma". La decisión que tome la jueza puede ser apelada ante la Cámara de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema por quien resulte derrotado.

Desde el organismo consideran que la intención final de Macri es firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifique la normativa vigente, que alegan que fue aprobada por consenso en el Congreso a fines del 2009.
Sin embargo, el ministro de Comunicaciones desestimó que busquen modificar la ley de medios por decreto, aunque señaló: “por ahora”.
De todas maneras, el Gobierno no la tendrá fácil ya que el martes, tras casi una hora de reunión, no logró ponerse de acuerdo con el kirchnerismo sobre la presidencia de la comisión bicameral que debe validar los DNU. De esta manera, la situación de estos decretos, quedó “en un limbo”.
El escrito de hábeas corpus:

Voces a favor de la intervención
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó como "necesaria y justificada" la intervención en dos organsimos ligados a las comunicaciones.
“La ley de servicios de comunicación audiovisual establece determinados requisitos de acceso a los cargos, de ejercicio de los mismos y de funcionamiento de la autoridad de aplicación: personas con alta calificación profesional en materia de comunicación social, reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralistas, abiertas al debate y al intercambio de ideas diferentes”, indicó el especialistas.
Luego, a través de un comunicado, indicó que “desde su primera conformación, el AFSCA incumplió la totalidad de los mandatos constitucionales, convencionales y legales que regían su actuación”.
“La intervención del AFSCA está constitucional, legal y fácticamente justificada. El gran desafío consiste en dejar definitivamente atrás el 'modelo Sabbatella' y configurar lo más rápido posible una autoridad de aplicación que funcione como un órgano independiente, técnico y plural", remarcó Gil Domínguez.
El también constitucionalista Daniel Sabsay arremetió contra Sabbatella, acusándolo de ser quien está en falta desde el comienzo de su gestión: "quien está alegando legalidad es quien la violó desde que ocupó el cargo, porque no reúne los requisitos para ser el presidente de la Afsca".
"La política de medios no puede estar en manos de un opositor militante. Es grotesco", estimó y si bien aclaró que habría que consultarlo con un abogado penalista, de negarse a abandonar el Afsca, dejó entrever que Sabbatella "podría estar incurriendo en una usurpación de cargo".
Voces en contra
Desde el kichnerismo remarcaron que el Gobierno, si quiere, puede pedir que se modifique la ley de medios, pero enfatizaron que dicha tarea corresponde al Congreso nacional. Pero el problema para el macrismo será que no cuenta con el número necesario de legisladores para aprobar un proyecto de estas características.
El constitucionalista Eduardo Barcesat destacó que “no hay ningún impedimento para convocar al Congreso para tratar un proyecto de ley, si es que se quiere gobernar realmente con todos. ¿Dónde están los todos sino en el Congreso de la Nación?".
"Pero en lugar de ello, opta por la vía del unicato y la excepcionalidad institucional de recurrir a estos decretos para obviar la intervención aunque sea sacramental. El recurso al DNU sólo se justifica en situaciones de crisis, no cuando los poderse están normalmente constituidos", explicó el especialista.
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