El favor involuntario de Bonadio: permitirá a CFK alegar que

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El favor involuntario de Bonadio: permitirá a CFK alegar que

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El favor involuntario de Bonadio: permitirá a CFK alegar que el juicio no es al dólar futuro sino al "modelo K",
A pesar de los reveses judiciales y políticos que ha vivido en las últimas semanas, Cristina Kirchner tiene un consuelo: lo mejor que le podía haber pasado es que la primera causa por la que deba declarar -la que marca su regreso al centro de la escena nacional- sea la del dólar futuro.
Es que hay una mayoría de opiniones respecto de que no existe mérito para que la ex Presidenta sea incriminada. 
Es más, para muchos hasta será difícil probar que hubo delito, porque se correría el riesgo de hacer de las decisiones de política económica una materia judicilizable, algo que no le interesa a ningún Gobierno.
De manera que Cristina tiene la posibilidad de ejercer una autodefensa elocuente -tanto frente al juez Claudio Bonadío como ante la militancia que le hará el "aguante" en Comodoro Py- para así lograr su propósito de presentarse como víctima de una persecución política.
La causa del dólar futuro le brinda la oportunidad perfecta para repetir una de sus frases preferidas a lo largo de sus ocho años de mandato: que quienes la critican o la acusan judicialmente no lo hacen por las cosas que su gobierno hizo mal, sino por las que hizo bien.
La pista más clara sobre su línea argumental ya fue adelantada por el exministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Ambos esgrimieron que las pérdidas del Banco Central por esta operatoria no habían sido culpa de ellos sino de la devaluación dispuesta por Mauricio Macri.
Y que si cada funcionario, al momento de tomar una medida -que inevitablemente alterará las variables financieras del mercado- pudiera ser sometido a juicio, entonces no sería posible realizar una política monetaria.
En otras palabras, Cristina puede argumentar que la prioridad en su gestión fue defender el ingreso y los precios bajos a partir de la contención del tipo de cambio, y que eso fue revertido por quienes la sucedieron en el poder. 
Pero, sobre todo, al defender el punto de que las políticas económicas no pueden ser materia judicilizable, podrá alegar que lo que verdaderamente quiere juzgar Bonadío no es una presunta defraudación sino al propio "modelo K".
Kicillof y Vanoli ya dieron su testimonio por escrito ante el magistrado y, junto con otros funcionarios, están imputados por "defraudación a la administración pública". 
Esta figura se encuentra prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas. 
Es más, de acuerdo con fuentes tribunalicias, Bonadio está convencido y los acusaría de asociación ilícita.
En la denuncia se afirma que para 2016 los contratos de dólar futuro se vendieron a un precio promedio de $10,65, mientras que un mismo acuerdo en Nueva York se comercializaba a cerca de 15 pesos.
Es decir que por cada convenio suscripto, el Banco Central en su rol de oferente se ha visto obligado a pagar la diferencia (cerca de $5), lo que le significó una pérdida cercana a los $80.000 millones.
Para Bonadio, la venta de dólar futuro por parte del BCRA (que es una entidad autónoma) excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos, por lo que la maniobra no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional.
La causa se inició a fines de octubre, cuando Federico Pinedo y Mario Negri, por aquel entonces jefes de los bloques del PRO y UCR, denunciaron que las maniobras cambiarias impulsadas por Vanoli provocaron un daño en la solvencia de la autoridad monetaria.
Argumentos de la defensa
La estrategia de la ex mandataria será la de afirmar que el Banco Central es una entidad autárquica, que toma sus propias decisiones en las tareas que son de su competencia.
Además, remarcará que afirmar que se vendía dólar futuro a un valor artificialmente bajo implica entonces meterse en otra discusión: cuál es el precio correcto y cómo se lo define. 
En consecuencia, no es justiciable, ya que entonces -si habría que pedir autorización para efectuar una transacción millonaria- sería imposible desarrollar una política económica.
En días previos, los distintos funcionarios que fueron denunciados desestimaron la presunta responsabilidad en esta materia de Cristina Fernández.
Más aun, señalaron que:
1. Se hizo una imputación a partir de decisiones que eran coherentes con su visión de la economía, que era la de contener el índice inflacionario usando el dólar como ancla.
2. Los acuerdos suscriptos "permitieron reducir la inflación del 38% anual (septiembre de 2014) al 24% (noviembre de 2015), tomando como referencia el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. 
3. No se afectaron las reservas del Banco Central porque los saldos se pagan en pesos.
4. Al haberse operado en mercados locales (Rofex y MAE), no se obtenían ganancias por los precios vigentes en otras plazas. Por caso, el contado con liquidación o dólar bolsa.
5. El Banco Central no benefició a ningún individuo o grupo económico en particular porque se pactaban a través del sistema conocido como ‘pantalla ciega’. Es decir, no había manera de conocer quién está comprando (los futuros) ni tampoco de elegir a quién vendérselos.
6. Cada vez que el Banco Central interviene en un mercado lo hace “con fines regulatorios del precio de mercado”, cualquiera sea ese precio: la tasa de interés, el dólar presente, los contratos en pesos atados al valor futuro del dólar, los títulos públicos.
7. Si el Banco Central lleva perdidos cerca de $55.000 millones al día de hoy, esto es pura y exclusiva responsabilidad del actual Gobierno, que decidió liberar el tipo de cambio.
8. El salto del dólar de $9,80 hasta un máximo de $16 amplió las pérdidas que debe soportar el BCRA, al tener que pagar la diferencia entre el valor estipulado en los convenios y la cotización vigente del billete verde al concluir el mismo. 
9. Las operaciones se concretaron a precio de mercado y se actuó conforme las previsiones fijadas en el Presupuesto 2016 que fuera aprobado por el Congreso.
10. Las operaciones de futuros no fueron denunciadas como nulas en la Justicia por la nueva gestión del BCRA. La decisión efectiva de cumplir con las obligaciones emanadas de esos acuerdos ratifica que las nuevas autoridades los dieron como válidos y legítimos.
Por otro lado, sostienen que la política que está implementando hoy en día el Central (mantener altas tasas de interés mientras, en simultáneo, intervenir en el mercado cambiario para contener al dólar) también podría ser vista como una transferencia de ingresos hacia el sector financiero.
En otras palabras, las decisiones que hoy día toma Federico Sturzenegger, actual titular de la entidad monetaria, pueden ser interpretadas en el sentido de que beneficia a un grupo de inversores que hacen la "bicicleta".
Esto es, comprar Lebacs para hacerse de un rendimiento del 38% para luego adquirir más billetes verdes.
En este sentido, así se expresó Kicillof: "Esta operación ya acumuló una deuda de $475.000 millones en forma de LEBAC. Si se mide desde la perspectiva de las pérdidas, el Banco Central va a perder una fortuna. El costo de esta medida será de más de $150.000 millones en el año”. 
Es decir, una cifra muchísimo más elevada que la denunciada en el expediente de dólar futuro. Entonces, se podría acusar a las autoridades de operar "fuera del precio de mercado" y causarle un gigantesco quebranto al BCRA.
Si bien el ex ministro y actual diputado se mostró en desacuerdo con pagarles a los banqueros una tasa del 38%, remarcó que "se trata de una política económica liberal de este Gobierno". 
"Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito", completó.
En el caso de Cristina hay, además, otro atenuante: el Banco Central, de acuerdo con su carta orgánica, es autónomo y no recibe instrucciones por parte del Poder Ejecutivo. 
Este es, naturalmente, un punto controversial, dado que el propio kirchnerismo siempre se jactó de cómo la entidad se había alineado con una concepción global de política económica. 
Pero lo cierto es que, desde el punto de vista formal, Cristina tiene allí un punto fuerte para deslindar responsabilidad.
Es más, hace unos días, el propio Federico Pinedo, desligó de la causa a CFK y acusó directamente a Vanoli: "Me pareció que era una decisión ruinosa y le pedí a la Justicia que investigue. Había que frenar esta operatoria y alguien tenía que responder ante estas irregularidades".
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