La oposición impone su proyecto de ley de la doble indemniza

[ActualidadLegal]

La oposición impone su proyecto de ley de la doble indemnización pero ya sobrevuela "el fantasma del veto",
El macrismo está cerca de sufrir su primer cachetazo fuerte en el Congreso. Es que todos los bloques opositores, en ambas cámaras, se unieron para darle dictamen a sendos proyectos que buscan prohibir los despidos o duplicar la indemnización si el empleador decide desvincular a un trabajador.
Si bien el bloque Cambiemos se opuso -en principio- a la iniciativa que obtuvo dictamen en Diputados, debió ceder un poco para no quedar contra las cuerdas, por lo que firmó un dictamen de minoría en el que estipula que se habilite la prohibición de despedir, pero una vez que el índice del INDEC sobre desocupación estipule que ésta sobrepasa el 10%.
Un dato a tener en cuenta es que las primeras estadísticas oficiales estarán disponibles desde mediados de junio. Sin embargo, la oposición, integrada por el Frente para la Victoria, el massismo, el Bloque Justicialista y los partidos de izquierda, quieren que el tema se trate en la próxima sesión.
Previamente, dicho proyecto debe pasar por la Comisión de Presupuesto, que está en manos del PRO, presidida por Luciano Laspina. Sin embargo, ante el temor de que su tratamiento se dilate, el Frente de Izquierda propuso una sesión especial para evitar su demora y que se discuta directamente en el recinto.
Es que el temor de la oposición es que el proyecto quede dormido en los cajones de la comisión encabezada por el diputado macrista, ya que tanto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el legislador Daniel Lipovetzky se manifestaron en contra de estas iniciativas.Lo cierto es que el oficialismo está decidido a impedir, por las vías que tenga a su alcance, la aprobación de un proyecto al que considera negativo para la recuperación de la economía porque cree que genera temor entre los empresarios.
El ministro de Trabajo advirtió que esas iniciativas "no ayudan" a crear nuevos empleos y que hay que “proponer mejores alternativas para mejorar la empleabilidad". Asimismo, sostuvo que el Gobierno está "haciendo todos los esfuerzos para sostener el nivel de empleo" y "generar nuevos puestos". 
En tanto, el legislador aseguró que prohibir despidos es “inconstitucional” y que además la situación laboral actual “no es compatible con la situación de 2001” en la que se declaró la emergencia y propuso “pensar medidas para promover el empleo”.
Tanto el Frente para la Victoria, como el resto de los partidos opositores, temen que –pese a que logre el aval de ambas cámaras- el proyecto sea vetado por el presidente Mauricio Macri, quien solía recurrir a esta herramienta cuando era Jefe de Gobierno porteño, si la iniciativa no coincidía con su proyecto político y económico.
En paralelo a Diputados, la oposición logró avanzar en el Senado con un proyecto consensuado para declarar la emergencia en materia ocupacional por 180 días y que el trabajador opte por la doble indemnización o por ser reincorporado. Además, no será retroactiva.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara alta, con el respaldo de 9 de los 17 senadores que la integran, por parte del Frente para la Victoria, el PJ La Pampa, el Movimiento Popular Neuquino y el GEN.
Cambiemos quedó en minoría y exigió escuchar primero al ministro de Trabajo,a funcionarios del gabinete económico y al sector empresarial, antes de firmar un dictamen. 
Qué pasa si Macri veta la ley
De las más de 270 leyes vetadas desde que se declaró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires hasta que Macri dejó la Jefatura de Gobierno, el actual Presidente vetó casi la mitad.
Es decir, el PRO vetó tantas leyes como los cuatro gobiernos anteriores (luego de De la Rúa, gobernaron Enrique Olivera, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman).
Los asesores de Cambiemos remarcan que el veto se encuentra dentro de las facultades del que lleva las riendas del Ejecutivo, tanto en el país como en la Ciudad de Buenos Aires. Pero desde el kirchnerismo recuerdan que Macri ha utilizado el mecanismo de manera abusiva y que se centra en ciertos temas, tales como comunicación social, vivienda, trabajo, defensa al consumidor, espacio público y derechos humanos. Además, destacan que vetó leyes que fueron votadas por sus propios legisladores, lo que le resta legitimidad al Poder Legislativo.
Esta norma se podría transformar en el primer veto de Macri, pero el Congreso (si logra alinear a toda la oposición detrás de una iniciativa) sí puede obligarlo a promulgar la ley y que comience a regir.
De acuerdo a la Constitución Nacional, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso (salvo algunas pocas excepciones), por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. 
En este caso, la iniciativa que prevé declarar la emergencia laboral puede iniciarse tanto en Senado como en Diputados. Si una de ellas la sanciona (basta la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los miembros presentes) pasa a la otra, que puede aprobarla tal cual está, realizarle modificaciones o rechazarla, lo que impediría en este último caso, volver a analizar el proyecto durante este año.
Si la propuesta es aprobada por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. 
Se considera aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días hábiles.
En caso de que Macri deseche en el todo o parte del proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de los votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión.
Si ambas Cámaras lo sancionan por mayoría de los dos tercios, el proyecto se transforma en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ya no puede vetarlo.
Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente. 
Qué dicen los proyectos
La propuesta, consensuada por los bloques de la oposición durante la jornada del martes, ratifica la “emergencia ocupacional nacional” decretada por el expresidente Eduardo Duhalde en 2002 y prorrogada en sucesivas oportunidades por el Poder Ejecutivo y el Congreso durante la era kirchnerista.
“Quedan prohibidos los despidos sin justa causa dispuestos por los empleadores en el ámbito privado. Los distractos dispuestos en contravención a dicha prohibición serán nulos”, precisa la iniciativa y aclara luego que los despedidos podrán optar por accionar judicialmente para lograr su reincorporación o elegir cobrar una doble indemnización.
Así, la iniciativa declara la emergencia desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, período en el cual quedarán prohibidos los despidos tanto en el sector público como privado y quedarán renovados automáticamente los contratos con vencimientos. Esto implica además que deberán ser reincorporados los trabajadores despedidos desde marzo.
Si bien algunos diputados propusieron que el período comience el 10 de diciembre, fecha en la que asumió Mauricio Macri, y otros el 1 de enero, Alberto Roberti, presidente de Legislación del Trabajo, aseguró que la mayor cantidad de despidos se produjo a partir de marzo.
“No es el mejor de los proyectos pero se hizo una declaración de emergencia y las consecuencias están a la vista… debemos cada vez escribir más”, resumió Roberti, en alusión a las trabas puestas por los empresarios.
Es que el ministro Triaca se hizo eco del reclamo de varias cámaras empresariales, entre ellas la de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien consideró que si bien existe una emergencia económica, esta no se extendió al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país.
“Si bien los problemas económicos generalmente se proyectan con consecuencias negativas en materia de empleo, no serán precisamente las inoportunas medidas de prohibición de despidos, contenidas en alguna iniciativa legislativa, la que contribuirá a solucionar las dificultades, sino que, por el contrario, agravarán las mismas”, remarcó la CAC a través de un comunicado.
Luego remarcó que, si se aprueba la iniciativa, los índices de litigiosidad y conflictividad se elevarán sensiblemente generando así una situación peor que aquella que se quiere evitar.

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