Más allá del tarifazo: el Gobierno presiona para que la Just

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ActualidadLegal
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Más allá del tarifazo: el Gobierno presiona para que la Just

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Más allá del tarifazo: el Gobierno presiona para que la Justicia no "reemplace" a la política y se limite a dar pautas generales,
La resolución de la cuestión tarifaria en la justicia se ha transformado en un hecho que ya trasciende la mera cuestión sobre si los aumentos en el gas estuvieron bien hechos y si se puede refacturar a partir del mes próximo: a esta altura, lo que para muchos está en juego es cuánto margen de maniobra conservará el Gobierno o si se encontrará con los límites que le ponga la "judicialización de la política".

Es por eso que, tanto en declaraciones públicas como en gestiones privadas, los funcionarios de Mauricio Macri se han fijado el objetivo de que el debate tarifario no deje sentado el precedente de que, en alguna medida, la justicia pueda sustituir al poder político.
A la espera de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la cuestión, desde el Gobierno reconocen que "hubo un error" en la aplicación de los incrementos, pero destacan que el incremento fue necesario para reducir los subsidios y el rojo fiscal.
Ahora, el radical Ernesto Sanz –uno de los impulsores de la alianza entre el PRO y la UCR-respaldó la política tarifaria y remarcó que "la Corte Suprema no va a reemplazar al Gobierno, no va a reemplazar al Ministerio de Energía ni a las distribuidora de energía; no va a refacturar, no creo que se meta en el detalle".
Para el ex senador mendocino, el máximo tribunal solo “va a fijar pautas general y globales, que van a permitir la reconducción de las tarifas. Primero, es necesaria la recomposición tarifaria y, segundo, un esquema de gradualidad".
Es que, según explica el director del Suplemento de Derecho del Consumidor de elDial.com, a iProfesional, “en materia de revisión judicial de las tarifas que dispone el poder administrador (ejecutivo), los jueces podrán controlar y revisar la actuación del Gobierno, pero no la sustituirán”.
“Los jueces pueden valorar la razonabilidad y proporcionalidad de la tarifa decidida como si a la misma se llegó cumpliendo con los procedimientos establecidos, pero, en caso de anular el acto que dispuso el incremento tarifario, no podrán determinarla por sí, pues ello es competencia plena y propia del Estado”, agregó el especialista.
De este modo, la tarifa debe ser razonable, tiene que estar claramente explicada y además tiene que informar a los usuarios sobre todos los cargos y componentes. Sólo así se le garantiza a los usuarios su derecho a una información veraz, detallada, precisa, absoluta y suficiente, sobre la naturaleza, alcances y efectos de la relación de consumo.
Tedioso camino e indefinición
En un principio, distintos tribunales (federales y también provinciales) hicieron lugar a distintas medidas cautelares que retrotrajeron las tarifas al valor previo a las resoluciones del Ministerio de Energía que avalaron los aumentos.
Pero el fallo más importante lo dio la Justicia federal de La Plata. En primera instancia, hizo lugar a un amparo –medida de fondo- suspendió el aumento de gas en todo el país y a los pocos días la Cámara confirmó esa medida y luego, en otro caso, hizo efectiva esa medida al servicio eléctrico.
Por lo tanto, las tarifas de luz y gas vigentes son las que estaban estipuladas antes de los aumentos.
Casi en simultáneo, el Gobierno anunció un tope de 400% para el gas en los hogares y 500% en los comercios y el llamado de audiencias públicas para octubre, en los que se tratarán los incrementos de este año y los del próximo. Mientras tanto, la Corte Suprema pidió informes al Gobierno para que explique el cuadro tarifario que trató de imponer. Pero para el servicio eléctrico no hubo ningún anuncio.
Ahora, la Cámara sala II de la Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judiacial para tratar la apelación durante el receso de invierno pero rechazó otorgarle efectos suspensivos al recurso extraordinario, con lo cual se mantiene vigente la suspensión del aumento y el tope del 400% es nulo.
Antes del 1 de agosto debe decidir si concede el recurso extraordinario. En caso de resolver favorablemente el pedido del Gobierno de elevar el caso para su tratamiento por la Corte Suprema, también comenzará a correr el nuevo esquema tarifario con tope máximo de aumento.
Si no acepta el recurso, el Gobierno puede presentar directamente un recurso de queja ante la Corte Suprema. Este se interpone sólo si la apelación es denegada y permite que el tribunal superior dicte una definición de fondo.
Por lo tanto, las empresas de gas suspendieron la facturación y volverán a emitir sus facturas del bimestre pasado en agosto, cuando haya una primera definición.
Todas las resoluciones que hicieron lugar a los pedidos de las asociaciones de consumidores, municipios y particulares coincidieron en algo: la desproporcionalidad e irracionalidad del aumento de tarifas, y en la falta de utilización de herramientas constitucionales existentes, como la Audiencia Pública, que permitan la democratización de decisiones a tomar cuando de un servicio público se trata.
Qué pasó con la luz
Ese mismo día, la misma Cámara también hizo lugar a una medida cautelar que suspendió por tres meses la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur (cuyos incrementos tarifarios dependen de la venia del Gobierno nacional).
Así hizo lugar a una presentación efectuada por diputados del Frente para la Victoria y la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
La causa llegó a la Cámara luego que la medida cautelar fuera rechazada por el juez de primera instancia, Adolfo Ziulu. En la presentación los legisladores habían pedido que se suspenda el aumento en la tarifa eléctrica debido a que no se realizó unaaudiencia pública para definir el cuadro tarifario.
En concreto, esta decisión  alcanzó a los usuarios de la provincia de Buenos Aires de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras de la Argentina.
De esta manera, las empresas eléctricas deberán suspender por tres meses la aplicación del cuadro tarifario establecido el 1 de febrero. Ambas compañías -que brindan servicio a cerca de cinco millones de usuarios- sostenían que no estaban alcanzadas por la medida.
El 1 de febrero, el Gobierno había anunciado un nuevo esquema para Edenor y Edesur con una suba promedio del 300% en las facturas para los hogares tras más de una década de congelamiento durante la administración kirchnerista.


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