Tras los escándalos por Hotesur y Ciccone, la IGJ tendrá la

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Tras los escándalos por Hotesur y Ciccone, la IGJ tendrá la difícil tarea de agilizar el acceso a sus datos,
La Inspección General de Justicia (IGJ), el órgano encargado de registrar y fiscalizar a las sociedades constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo en el centro de la escena durante los últimos años del gobierno de Cristina Kichner.
En especial, luego de que se conociese que el escándalo con la empresa Ciccone y su compra a través de la misteriosa firma The Old Fund, ligada al vicepresidente Amado Boudou, procesado por este caso.
Tiempo después, se acusó a la entidad de no controlar a determinadas empresas, especialmente, las ligadas a integrantes del Gobierno nacional.
Es que los diversos titulares del organismo –ligados a la agrupación kirchnrista La Cámpora- “blindaron” la posibilidad de conocer distintos datos de empresas vinculadas a la familia de la ex mandataria y otros empresarios cercanos a ella.
Por ese motivo, en agosto del año pasado, se dictó la resolución general 7 que estableció que cualquier persona podrá conocer el contrato constitutivo de una compañía, así como el estatuto y sus modificaciones. Sin embargo, no eliminó la necesidad de contar con "interés legítimo" para acceder a los estados contables de las empresas. 
Dicho de otro modo, el interesado en chequear los estados contables de una compañía deberá seguir contando con una autorización de algún miembro de la firma (que tenga el poder para conceder tal instrumento) o con la orden de un juez.
Tampoco se permite el acceso a los expedientes, como regla general públicos, sino solo a ciertos datos generales y que no incluyen, por ejemplo, actas de asamblea, directorio y balances, u otros relevantes en la vida de una sociedad. En otras palabras, el acceso a expedientes administrativos está regulado.
Hasta ahora, en caso de que el organismo entienda que se trata de datos “personales” de los socios o directores, respondía por escrito solicitando el interés legítimo al peticionante. 
Pero con el nuevo Gobierno, sus titulares cambiaron. La entidad estará comandada por el abogado especialista en sociedades Sergio Brodsky y el abogado Osvaldo Norte Sabino, socio del estudio jurídico Marval O´Farrell, Mairal.
De acuerdo al ministerio de Justicia, tendrán que transparentar el funcionamiento del organismo, ya que “la gestión anterior se caracterizó por omitir la reglamentación, restringir el acceso a la información e incluso hacer desaparecer legajos de sociedades claves”.
En ese contexto, buscará simplificar los trámites, hacerlos más transparentes y fiscalizar la gestión anterior.
Hace pocos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la diputada Margarita Stolbizer (quien fue la encargada de denunciar la falta de control del organismo en la causa Hotesur) analizaron distintas medidas para combatir la corrupción y el crimen organizado, entre ellas el fortalecimiento de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Inspección General de Justicia, y cambios en el Código Procesal Penal.
“Reenfocar el trabajo que llevan adelante estos organismos es esencial para la lucha contra la corrupción y el delito organizado. Hay que empoderarlos y despolitizarlos, y dotarlos de nuevas herramientas para la investigación. Tenemos una gran oportunidad para convertir a las instituciones en protagonistas”, sostuvo Garavano al término del encuentro. 
Funciones de la IGJ
La Inspección General Justicia es una entidad que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene como función principal la de registrar y fiscalizar sociedades comerciales, extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, excepto las que son sometidas a los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En definitiva, la IGJ no es más que el Registro Público de Comercio que rige exclusivamente para la Capital Federal, ya que existe uno por cada provincia que es la que tiene competencia (otorgada por la Constitución Nacional) para crear y regular estas entidades.
En términos legales, los especialistas consultados por iProfesional pusieron de manifiesto que "la inscripción de determinados actos en estos registros genera una serie de efectos jurídicos que exigen la protección de los terceros con respecto a esos mismos actos que gozan de una presunción de legitimidad".
En este sentido, Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, explicó que anteriormente era "necesario demostrar que existe un 'interés legítimo' a la hora de solicitar datos de una sociedad".
Antes del 2011, cualquier persona podía solicitar ver los estados contables de una sociedad, para lo cual debía completar un formulario y abonar un arancel especialmente fijado para ello.
El problema del interés legítimo
La abogada María Agustina Vítolo, socia del estudio que lleva su apellido, explicó que "a partir del 2012, para el caso de los actos inscriptos, la IGJ sólo daba ingreso al trámite de solicitud de información cuando se acreditaba interés legítimo". 
Y agregó que "en ese momento, la medida se explicó enmarcándola en la legislación referente al procedimiento administrativo, por la que la información contenida en la entidad forma parte de un banco de datos personales que está alcanzada por la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)".
Lo cierto es que desde aquel entonces las cosas se complicaron. Francisco Colombo, miembro del estudio Aguirre Saravia & Gebhartd Abogados, señaló que "cumplir este requisito no es una tarea fácil. Por el contrario, depende mucho de la situación que se plantea". 
El experto enfatizó que "la información sobre las sociedades debería ser pública, ya que es la esencia del comercio".
"Si una persona quiere contratar con alguna compañías, los estados contables cuenta con mucha información relevante, no sólo la estructura patrimonial o los resultados, sino también si tiene deudas o juicios", concluyó. 

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