El gran "olvido" en el discurso de Macri: la coparticipación

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El gran "olvido" en el discurso de Macri: la coparticipación

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El gran "olvido" en el discurso de Macri: la coparticipación de impuestos es ahora reclamada por el peronismo,
Durante la campaña electoral, uno de los "caballitos de batalla" de Mauricio Macri fue cuestionar el sistema de coparticipación y prometer "un sistema más distributivo para que llegue directamente a las provincias y a las intendencias".
Sin embargo, durante la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa, a pesar de que mencionó varios proyectos a tratar en el Congreso, la propuesta de un nuevo reparto de fondos con las provincias fue la gran ausente de la jornada.
Esto provocó la reacción de varios gobernadores de la oposición y pedidos de mandatarios provinciales aliados, como el caso de la bonaerense María Eugenia Vidal, quien recordó que gobierna la provincia con la mayor cantidad de habitantes, la que más aporta al PBI y la que recibe mucho menos de lo que le corresponde por la coparticipación de recursos.
Vidal sostuvo que "el decreto que firmó el Presidente la semana pasada empezó a ofrecer soluciones a esto, pero es sólo un comienzo".
La exvicejefa de gobierno porteño hizo alusión de esta manera al acuerdo de Macri con Sergio Massa que culminó con la firma decreto 406/2016, que establece la devolución progresiva del 15% de los fondos coparticipables a las provincias en el plazo de cinco años.
Esta marcha atrás mejoró apenas un poco el ánimo de los gobernadores, quienes se vieron sorprendidos cuando –apenas asumió- Macri decidió dar por tierra con el decreto firmado por Cristina Kirchner, que hacía extensivo a todas las provincias el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver el porcentaje que se le retenía para financiar los organismos de seguridad social. Ahora, le piden una reunión urgente para tratar este problema.
Los representantes provinciales aseguraron el miércoles que nueva la propuesta "no reconoce las necesidades de financiamiento de las provincias" e insistieron con que se concrete un acuerdo "justo y equitativo para todas las jurisdicciones".
También criticaron el discurso porque la administración nacional "parece no comprender la importancia del acuerdo público de gobernabilidad para la Nación".
La falta de definiciones de Macri sobre cuándo comenzarán a debatir en el Congreso el nuevo reparto de fondos generó sorpresa en varios legisladores opositores que prometieron garantizar la gobernabilidad, como el senador Miguel Ángel Pichetto quien señaló que "esperaba más del discurso del Presidente".
En ese sentido, sobre la distribución de los recursos federales, aseveró que “el reparto de la coparticipación es totalmente inequitativo".
En tanto, al massismo también le llamó la atención la ausencia de este tema durante el discurso presidencial. Es que el Frente Renovador también había prometido revisar el régimen de coparticipación y fue una de las herramientas de negociación para que avance en la comisión Bicameral el DNU firmado por Macri.
Hace pocos días, a cambio de apoyo legislativo, la bancada de Cambiemos se comprometió, a través del decreto 406, a devolver ese porcentaje de la masa impositiva de manera escalonada y progresiva en los próximos 5 años. El límite para producir los cambios es el 1 de enero de 2021.
Ese objetivo quedará en manos del Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, creado por el mencionado decreto, en el que participarán funcionarios del Poder Ejecutivo, los 24 gobernadores y tres legisladores.
Mientras tanto, el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, cuyos miembros rompieron con el kirchnerismo, sostiene que estos cambios en la coparticipación deben ser sancionados por el Congreso casi al mismo tiempo en que se deroguen las leyes “necesarias para la negociación de la deuda argentina” - como la Ley Cerrojo y de Pago Soberano-, y pidió acelerar los acuerdos para que las provincias recuperen el 15% de los fondos coparticipables.
Ardua negociación
La Constitución nacional divide el poder tributario entre dos niveles de gobierno: las provincias y el federal, dejando a las constituciones provinciales el tema de los municipios.
En la reforma de 1994 se le asignó cierta jerarquía “autonómica” a estos últimos. De esta manera, en la práctica, se aplican tres tipos de tributos: los que establece la Nación, los que imponen la Provincias y los municipales. 
A nivel nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cobra los impuestos nacionales como Ganancias, IVA, Bienes Personales, Internos, entre otros.
La coparticipación no es otra cosa que un método que se utiliza para repartir estos últimos fondos en base a criterios preestablecidos entre diversas jurisdicciones. Dicho de otro modo, este régimen establece cuánto recibirá del total recaudado cada una de las partes.
Para ello, fija un porcentaje que se destinará a la Nación y otro a las provincias que se denomina “distribución primaria”. A su vez, en el caso de las provincias, se realiza una “distribución secundaria” entre las distintas jurisdicciones.
Un problema grande para el Gobierno es que deberá lograr sí o sí el mayor consenso posible antes de comenzar su tratamiento legislativo ya que no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y además de ser aprobada por el Congreso nacional debe ser refrendada por las legislaturas provinciales.
Es que ninguna provincia puede resultar perjudicada por la aparición del nuevo régimen. La ley tendrá como origen al Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no pudiendo ser modificada unilateralmente, ni reglamentada, debiendo ser aprobada por las provincias. Esto implica que el macrismo debe conseguir el apoyo de 48 de los 72 senadores y de 170 diputados de los 257 que componen la cámara baja.
En principio, de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios macristas, la idea es pasar de la administración vertical (utilizada durante el kirchnerismo, con un papel preponderante del Poder Ejecutivo nacional, que actúa con un alto nivel de discrecionalidad) a la horizontal. Esto implicaría que se destinarían más recursos a las provincias sin depender de la decisión del presidente de turno.
Además, en este tema, cada legislador no solo tiene en cuenta los intereses del partido o bloque al que pertenezca sino también los de la provincia que los eligió. El encargado de llevar adelante las negociaciones con los gobernadores es el ministro del interior, Rogelio Frigerio.
No hay que pasar por alto que la nueva ley debe incorporar a la Ciudad de Buenos Aires dentro del reparto para que deje de depender del Estado nacional. Hace poco menos de dos meses, con el traspaso de una parte de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad, la nación le pasó una parte de sus recursos propios para afrontar el nuevo gasto. Esto generó un fuerte reclamo de los gobernadores, lo que obligó al Gobierno nacional a dictar un decreto “corrector”.
El dilema actual
La cláusula transitoria sexta de la Carta Magna obligaba a sancionar una nueva ley antes de que finalice el año 1996. Por falta de acuerdo e intereses contrapuestos, nunca se avanzó sobre el tema por lo que se dictaron varias normas “complementarias” como el Fondo del conurbano y el Fondo Federal Solidario (FFS). Esto provocó que la coparticipación se volviera un sistema complejo de coordinación financiera.
En la actualidad, los cuestionamientos surgen por el coeficiente a utilizar, ya que al no haber una ley que se ajuste a la realidad, existe un retraso para determinar los coeficientes a utilizar y calcular la coparticipación provincial, ya que se emplea los parámetros de 1988, cuando la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía. 
En ese sentido, los legisladores provinciales afirman que se debe calcular la coparticipación sin las leyes especiales, pero la Nación argumenta que se deben tener en cuenta las normas sancionadas luego de 1988.
Esto provoca que los territorios más importantes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza consideren que la norma termina por privilegiar a las provincias más pequeñas en términos de población.
 
 
 
 
 
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