¿La sostendrá Macri?: la oposición en pleno apunta sus "caño

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¿La sostendrá Macri?: la oposición en pleno apunta sus "caño

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¿La sostendrá Macri?: la oposición en pleno apunta sus "cañones" contra la titular de la Oficina Anticorrupción,
La oposición definió su primera "víctima" sobre la cual ejercer presión para remover de su cargo: la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.Cuestionada desde que asumió en su cargo a fines de diciembre del año pasado, la funcionaria contribuyó a la polémica gracias a su estilo de "high profile", que la lleva a comentar situaciones de actualidad política en las redes sociales y a sostener debates con dirigentes opositores.Lo complicado para el presidente Mauricio Macri es que incluso el peronismo con el cual mantiene buena relación y que apoyó sus iniciativas legislativas está empeñado en que Alonso se aleje del cargo, y hasta los propios macristas han aceptado, en algunas situaciones, que la funcionaria cometió errores.Lo cual pone a Macri en un dilema. Si cede a la presión y "entrega" a Alonso, pagará un costo político tanto ante la opinión pública como ante la interna. Dejar caer a una figura de alta exposición pública y de fuerte identificación con el PRO se podría interpretar como la primera señal de debilidad política, tras un semestre en el que viene aprobando con buena nota las pruebas de gobernabilidad.Pero, al mismo tiempo, podría ganar algo en términos políticos. Primero, porque despejaría dudas respecto de que va en serio en el tema de la honestidad y transparencia en el Gobierno. Al remover a la funcionaria cuestionada, demostraría que no tiene nada que esconder y reforzaría su imagen de inocencia ante casos como Panamá Papers. Y, además, significaría un guiño a la oposición "dialoguista".
Pero de momento, la sensación es que el Gobierno elegirá la vía de sostener a Alonso, lo cual lleva a esperar una situación de choque político.
Una larga lista de objeciones
El primer cuestionamiento es de tipo regulatorio: radica en que el presidente Macri modificó el decreto reglamentario de dicha oficina para poder permitirle a la ex diputada que asuma en ese cargo, ya que hasta ese momento uno de los requisitos para el puesto era que sea abogada.
Ahora, se pide que posea título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana.
Pero tras cambiar de opinión sobre la revelación de las cláusulas del convenio YPF-Chevron (antes pedía hacerlas públicas pero tras asumir el caso se opuso), salir en defensa del presidente Mauricio Macri por el escándalo en los Panamá Papers y del ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presunto conflicto de intereses, su tarea comenzó a ser cuestionada.
Ahora, el kirchnerismo y otros funcionarios de la oposición –inclusive de la llamada "dialoguista", por mantener contacto fluido con la administración macrista- ponen en duda su imparcialidad y hasta consideran que otra persona debería ocupar su cargo.
Durante la última sesión de la Cámara baja, el diputado kirchnerista Claudio Doñate reclamó el desplazamiento de Alonso de la conducción de la Oficina por “inoperancia” e “ilegalidad”. “Esta semana ha sobrepasado todos los límites”, alertó.
También la acusó de “encubrimiento”, “complicidad”, “mal desempeño” de sus deberes como funcionaria pública y hasta de ser cómplice de “asociación ilícita” con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
“Ha transformado la Oficina Anticorrupción en la Oficina de la Autoprotección del Gobierno del Pro”, denunció.
Desde distintos sectores del Gobierno salieron a defenderla, argumentando que Alonso está realizando tareas que el kirchnerismo no había completado, como el pedido de declaraciones juradas de funcionarios y la divulgación de los nombres de los que no cumplieron con esa tarea, pero la polémica ya está instalada.
Los Panamá Papers
El primer llamado de atención se produjo luego de su repentino cambio de opinión respecto de las cláusulas secretas del contrato entre YPF y Chevron. Es que cuando era legisladora, Alonso pedía al gobierno de Cristina Kirchner que diera a conocer el contenido del convenio entre la empresa estatal y la petrolera estadounidense. Además, contaba con un fallo en ese sentido de la Corte Suprema. Pero luego cambió de opinión abruptamente al ocupar su actual cargo. “No estaba bien informada", se excusó.
Más tarde, y en medio del escándalo de los Panamá Papers, fue la primera funcionaria en salir a defender al jefe de Estado luego de que se conociera su participación en el directorio de una sociedad offshore registrada en 1998 en Bahamas.
Alonso aseguró que “no hay delito” pero se conoció que el presidente tiene 18 millones de dólares en el exterior, por lo que finalmente fue imputado.
Pero los cuestionamientos no vinieron solo del kirchnerismo. La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, cuestionó con dureza la postura de la titular de la OA y le pidió que no pierda la imparcialidad. "Debes mantener la imparcialidad. Tu función no es aclarar porque oscurece. Si todo está bien, fuiste inoportuna", le escribió Camaño a Alonso en Twitter. 
En tanto, Margarita Stolbizer indicó que “la Oficina Anticorrupción confunde sus competencias y se convierte en la oficina de defensa de funcionarios y secretos".
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a respaldar a Alonso porque consideró que hubo un "ensañamiento" contra la funcionaria y remarcó que "cada uno puede hacer lo que quiere en su actividad política, pero nosotros respaldamos las tareas que está haciendo".
No obstante, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli aseguró que Alonso "cometió un error" al defender al Presidente y el ex ministro de Justicia y actual coordinador general de Justicia 2020 Ricardo Gil Lavedra destacó que no fue acertada la actitud de la titular de la OA porque "un funcionario que está a cargo precisamente de esa oficina, no puede salir a hablar de esa manera".
Otro apoyo que recibió Alonso fue por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien aseveró que en la OA hay "una tarea importantísima de empezar un proceso de cambio de las matrices de corrupción" en el Estado.
Cantidad mínima de acciones
Poco después, de acuerdo a la oposición, retrasó una investigación contra el ministro Aranguren por licitaciones de las importaciones de gas.
El kirchnerismo la acusó de ser “cómplice” del titular de la cartera de Energía, quien también fue denunciado por “incompatibilidades en el ejercicio de la función pública” al tener acciones en Shell, una petrolera que debe controlar desde el Gobierno. 
La titular de la Oficina Anticorrupción aseguró que el hecho de que un funcionario público tenga acciones de una empresa "no es necesariamente un conflicto de intereses". En ese sentido, pidió que "si alguno tiene dudas delegue la firma en su empresa", para evitar ser investigado.
Además, consideró que el volumen de acciones de Shell que posee el ministro "es minimísimo", porque son papeles "de la compañía internacional, no de la filial local. No es tan blanco ni negro", pero reconoció que se trata de un caso “complicado” y que lo están analizando.
"Esperamos tener en las próximas semanas una recomendación preventiva para el ingeniero Aranguren, a fin de que cualquiera sea su actuación, él evite, a través de una delegación de decisión y firma, caer en un conflicto de intereses", señaló.
De acuerdo a diversos partidos opositores, Shell resultó ser “la más beneficiada por los tarifazos”.
También la acusan de no cuestionar un supuesto caso por “dádivas”, cuando el presidente usó el helicóptero y vacacionó en la casa del magnate inglés John Lewis en Río Negro, una semana después de firmar un decreto para beneficiar a Edenor -de la que el empresario es dueño-.
Es más, remarcan que fue una de las funcionarias que más atacó al exvicepresidente, Amado Boudou, por utilizar gratuitamente el helicóptero de un empresario para trasladarse durante un acto en la campaña electoral de 2011. El segundo de Cristina Kichner fue sobreseído luego por la Justicia.
Por ese motivo, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley para que la conducción de la OA quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora en el Congreso y que además cumpla con la condición de ser abogado.
Atento a un posible conflicto de intereses que surja de la eventual normativa, el texto señala que en las causas donde puedan investigarse hechos ocurridos en un gobierno que actualmente sea oposición, deberá intervenir el subsecretario, para evitar que ninguna fuerza termine autoauditándose.
En que están trabajando
Durante las últimas semanas, la Oficina Anticorrupción detectó conflictos de intereses en 22 funcionarios macristas, aunque sólo en cuatro de esas averiguaciones recomendó a los involucrados tomar recaudos para no incurrir en actos ilegales. 
Uno fue el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas, indicó el diario La Nación.
Además, dio a conocer la lista de los 9.724 funcionarios y exfuncionarios que siguen sin presentar su declaración jurada, entre los que aparecen un primo de Néstor Kirchner, el exministro de Justicia Julio Alak y el actual secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
Por otro lado, siguen las causas contra los exfuncionarios kirchneristas acusados de distintos delitos contra la administración pública y pide constituirse en parte querellante de ellos, para poder presentar pruebas y evitar que se dilaten los procesos.

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