¿Los bancos también entregarán al Gobierno los datos persona

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¿Los bancos también entregarán al Gobierno los datos persona

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¿Los bancos también entregarán al Gobierno los datos personales de sus clientes?: analizan qué responder al pedido oficial,
La polémica por el uso de los datos personales recién empezó. Tras la polvareda levantada por el convenio con la ANSES -que le permitirá al Gobierno acceder al DNI, el CUIT/CUIL, el domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento,estado civil, y estudios de las personas- ahora viene el turno de la información que los bancos privados tienen sobre sus clientes. 
Concretamente, el organismo previsional está solicitándole a los bancos datos de los clientes jubilados y “otros que quieran agregar”. Y también en este caso 
Según las normas vigentes, los datos de las personas solo pueden utilizarse de acuerdo con la finalidad perseguida al momento de su obtención, en los términos de la ley y con consentimiento informado (es decir, debe aceptar que los utilicen para un fin determinado).
Si luego son utilizados por el Estado o los particulares, titulares de esa base de datos, con otra finalidad se está violando la ley.
Según pudo saber iProfesional, en el ámbito de los bancos, sus departamentos de legales están analizando los pasos a seguir ya que el Gobierno les pide que firmen un convenio para que les traspasen datos personales de sus clientes, como el teléfono fijo, teléfono célular, correo electrónico, así como también otros datos que "quieran aportar".
Las entidades dudan qué hacer, ya que remarcan que no hay una disposición que les exija entregar datos de sus usuarios. La Asociación de Bancos de Argentina (ABA) le pidió a sus asociados una opinión sobre el tema para indicarle al Gobierno lo que debe hacer para lograr la obtención de esos datos una vez que los soliciten formalmente.
Una opción es que la ANSES emita una norma que obligue a las entidades a esa cesión (porque la Ley de Protección de Datos Personales los habilita a no tener el consentimiento cuando una disposición legal les solicita información) o que consigan el consentimiento directo del cliente. Pero esta segunda opción involucra un gasto para las entidades, ya que realizar esa clase de campañas implica un gran esfuerzo logístico.
En caso de que se dicte la resolución y se dicte su inconstitucionalidad, los bancos consideran que están cubiertos porque el reclamo iría directamente contra el Estado y luego de obtenida la medida judicial, recién ahí revertirían la postura.

Batalla en la Justicia
La decisión gubernamental, más aún luego de conocida la solicitud amplia a los bancos, fue criticada por toda la oposición desde Cristina Kirchner hasta los partidos de izquierda y el Frente Renovador.
En ese sentido, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá, señaló que “esa base tiene un compromiso de privacidad con los jubilados muy claro. Acá se está violando el compromiso inicial y la ley de 'habeas data'".
“Hay que entender que los dueños de los datos es cada uno de los jubilados, no el estado y no puede ser usado para otra cuestión. Desde la oposición no vamos a permitir esta situación y por ello vamos a preparar una ley que defienda la información”, concluyó el actual legislador massista.
En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Peña aseguró que en el gobierno "no hay vocación de utilización política" en la decisión de poner a disposición de la Secretaría de Comunicación Pública la base de datos de la Anses, y afirmó que "está previsto y permitido claramente por la ley" de protección de datos personales.
La oposición criticó la decisión oficial al sostener que son “millones de números telefónicos, millones de direcciones de correos electrónicos. Demasiados, como para que un puñado de funcionarios y empleados públicos, dependientes de la Secretaría de Comunicación Pública pueda procesar esa información. Por ese motivo, el Frente para la Victoria (FPV) fue a la Justicia para que se frene el traspaso de datos.
Además, denunciaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el director de la Anses, Emilio Basavilbaso y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, por la resolución que permitirá el uso de datos de la ANSES para la comunicación oficial.
La presentación fue realizada por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, donde se consideran con "todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del Jefe de Gabinete será ilegal".
En tanto, la abogada Valeria Carreras presentó un amparo judicial con el objetivo de "proteger sus datos personales" ya que consideró que "existe una cacería del Gobierno sobre los ciudadanos". Dicha presentación se realizó "a título personal", e incluyó un pedido de habilitación de feria para tratar el recurso de amparo.
"El uso de datos personales vulnera el derecho a la intimidad", remarcó Carreras. Dicho amparo recayó en el fuero Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de la juez María José de Sarmiento. 
El exlegislador Jorge Yoma, autor de la Ley de Protección de Datos Personales, salió a aclarar que, según esa norma, hay datos que sí puede usar el Gobierno, pero otros que le están vedados.
“Soy autor de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales”, apuntó Yoma desde su cuenta de Twitter y destacó: “No hay obstáculos para que el Estado pueda utilizar datos personales (nombre, DNI, domicilio, ocupación o identificación fiscal o previsional)”.
En cambio, señaló que no ocurre lo mismo con los “datos sensibles” como los políticos, religiosos y de orientación sexual, entre otros.

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